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En Estados Unidos, la actual administración ostenta el oscuro privilegio de contar con la tasa de crecimiento más rápida en la relación gasto público-producto bruto interno de los últimos ochenta años. Por otra parte, la deuda del gobierno central se duplicó en los últimos diez años y representa el 70% del PBI, de lo cual la mitad corresponde a extranjeros, ya que el ahorro interno no alcanza para la financiación del aparato estatal. G.W. Bush pidió en cinco oportunidades autorización a la Legislatura para elevar el tope de la deuda.

Es de interés señalar que Jefferson indicó que de haber tenido la posibilidad hubiera introducido una modificación en la Constitución referida a la prohibición al gobierno de contraer deuda. En última instancia, esta deuda resulta incompatible con la democracia puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado del proceso electoral que ungió al gobierno que contrajo la deuda.

Si se proyecta el presupuesto del gobierno nacional de aquél país observamos que en 2017 todos los impuestos federales juntos no alcanzan a cubrir siquiera el programa de Seguridad Social. Bush prometió contraer la dimensión del Leviatán a niveles razonables pero no solo elevó el gasto utilizando el superávit que dejó la administración anterior, sino que incrementó el tamaño del aparato estatal que consumió aquél superávit, avanzó hacia un colosal déficit fiscal y continuó la escalada arrastrando el antes aludido endeudamiento hacia alturas inauditas en un contexto regulatorio que ahora ocupa 75 mil páginas adicionales por año.

La Reserva Federal se empeñó en comprimir la tasa de interés, lo cual falsea la relación consumo presente-consumo futuro que engaña a los operadores quienes encaran proyectos de inversión que aparecen como rentables pero que son en verdad antieconómicos. Ahora, el gobierno coactivamente echa mano a recursos de los contribuyentes como salvataje para empresas insolventes: 29 mil millones al JP Morgan para adquirir Bear Stearns, 100 mil millones para Fannie Mae y Freddie Mac, 300 mil millones para la agencia federal de la vivienda, 85 mil millones en préstamo a la aseguradora AIG al 11,5% quedándose el gobierno con el 80% de las acciones, la reincidencia en la creación del ente estatal esta vez con la debatida propuesta de asumir todos los créditos hipotecarios con problemas de pago en poder de la banca por aproximadamente 700 mil millones, además del aporte de otros bancos centrales “para inyectar liquidez” y políticas de tenor equivalente, todo lo cual revela una creciente latinoamericanización.

A este cuadro debe agregarse la patraña mayúscula de la “invasión preventiva” a Irak tal como lo explica Richard Clarke (asesor en temas de seguridad para cuatro Presidentes) y el cercenamiento de las libertades civiles en cuanto a la detención sin juicio previo, las escuchas telefónicas, la invasión al secreto bancario y la irrupción a domicilios sin orden judicial, lo que hace decir al juez Andrew Napolitano que “Si los crímenes del gobierno no se controlan, nuestra Constitución no significa nada”.

En mi libro reciente Estados Unidos contra Estados Unidos (Fondo de Cultura Económica) destaco los alarmantes desvíos en estos y en muchos otros frentes respecto de los extraordinarios principios rectores establecidos por los Padres Fundadores y el riesgo enorme que conlleva esa situación para el mundo libre. Pero lo que no puede decirse con un mínimo de seriedad es que este embate y extralimitación pavorosa del poder y la acción depredadora de empresarios prebendarios es el resultado de aplicar los valores de la sociedad abierta o el capitalismo.

Ya una vez ocurrió cuando algunos distraídos dijeran que la crisis de los años treinta “fue el resultado del capitalismo” sin percibir que los Acuerdos de Génova y Bruselas abrieron las compuertas al desorden monetario que condujo al boom de los años veinte y al posterior crack de los años treinta, agravado por las manipulaciones erráticas de la Reserva Federal tal como, entre otros, lo señalan Milton Friedman y Anna Schwartz.

En este análisis nos encontramos en un fuego cruzado entre los antinorteamericanismos fruto de la envidia y la incomprensión de marcos institucionales liberales y el fundamentalismo de irresponsables que pretenden justificar lo injustificable.

Una nutrida bibliografía muestra los graves problemas en la asignación de factores productivos debido a la concentración de ignorancia inherente a la manía estatista de la burocracia y la consiguiente arrogancia del poder, en lugar de establecer las debidas responsabilidades en el contexto de la dispersión del conocimiento que permiten procesos abiertos y competitivos. Para un baño de humildad recomiendo El cisne negro (Paidós) de N. Taleb donde se explican los peligros de la pretendida planificación de haciendas ajenas y “el oculto cementerio” que resulta de políticas desatinadas.

Publicado originalmente en Perfil (Argentina)