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En realidad, estas dos entidades se habían vuelto ejemplos clásicos del “capitalismo de compadrazgo”. Los “compadres” eran empresarios y políticos trabajando en conjunto para llenarse mutuamente los bolsillos mientras afirmaban servir al público. Los políticos crearon a estos dos gigantes de la hipoteca, los cuales luego devolvieron algo de sus ganancias en favores políticos—algunas veces directamente, a manera de fondos para campañas; otras veces como “contribuciones” para grupos favorecidos.

Ya que todos creían que el gobierno garantizaba sus deudas, Fannie y Freddie podían pedir prestado a tasas de interés mejores que las que se le ofrecían a las empresas del sector privado—y podía también acumular riesgos mucho mayores. Los políticos y reguladores que debieron haber controlado a estas dos empresas no lo hicieron porque los gigantes compraron su influencia, y debido también a su dulce reputación de “promover la propiedad de hogares”.

Y, debido a que la garantía estatal permitió que Fannie y Freddie dominaran el mercado de emisión de hipotecas, las críticas del sector privado fueron silenciadas. Los bancos locales que querían ofrecer hipotecas no se atrevieron a hablar en contra de ellas. Los bancos granes no se atrevieron a quejarse de la ventaja concedida por el gobierno a los dos gigantes porque necesitaban poder comprar títulos de Fannie/Freddie.

Los propietarios de viviendas se convirtieron en rehenes de un sistema que dependía de asegurar las hipotecas con garantías de Fannie y Freddie. Eso los hizo parte del grupo opuesto a la reforma.

El problema esencial: Fannie y Freddie eran empresas privadas, con accionistas que acumularon miles de millones de dólares en ganancias a lo largo del tiempo. Aún así el gobierno se suponía que debía garantizar sus deudas. Esto es, asumiría el riesgo si ellos fallaban, y ahora lo han hecho.

Desde su “privatización” (Fannie en 1968 y Freddie en los setenta), muchos políticos sabían que los gigantes estaban operando de una manera financieramente peligrosa e insostenible—y las advertencias aumentaron en los últimos años. Su capital era insuficiente—como Paulson nos dijo a principios de este mes.

Paulson había esperado terminar su período sin tener que lidiar con el desastre. Los mercados financieros presionaron el asunto, sin embargo, apostándole a la baja al stock de Fannie y Freddi y aumentando así sus costos de prestar a lo largo del verano.

Al demorarse en actuar, Paulson efectivamente eliminó cualquiera de las otras opciones (tales como una reducción del tamaño o una privatización) excepto el actual rescate. En julio, anunció con gran entusiasmo su plan de detener a las dos empresas, obteniendo amplia autoridad del Congreso para gastar el dinero de los contribuyentes e intervenir en las mismas. Dijo que no esperaba alguna vez disparar esta “bazuca”—pero ahora lo ha hecho.

Si solo fuera por la ambigüedad de quién sería salvado—esto es, quién de los acreedores sería beneficiado; y si es que los accionistas preferidos podrían llegar a ver que su stock retenga su valor—los mercados iban a ponerlo a prueba.

Los accionistas perdieron virtualmente todo su valor, pero eso no resuelve el problema: Solucionarlo requiere apartarse de la estructura híbrida de propiedad privada con respaldo gubernamental. Hasta que el gobierno deje claramente establecido que no buscará restaurar el estatus quo pre-crisis, Fannie y Freddie son los muertos vivientes, y los mercados deben temerle a su retorno como monstruos financieros nuevamente fortalecidos.

Paulson admite que le ha dejado las decisiones difíciles a la próxima administración y al próximo Congreso. John McCain ha prometido acabar con los negocios tradicionales en Washington. Él es un opositor público de las dos empresas como están estructuradas ahora y ha dicho que quiere que desaparezcan. Barack Obama correctamente se ha enfocado en el conflicto de la propiedad privada con respaldo gubernamental. Los contribuyentes deberían demandar un “nunca más” de ambos candidatos.

Paulson ha dicho que reducir a los gigantes es la única cosa que la próxima administración y el próximo Congreso deben hacer. Una vez que se reduzca su tamaño, podríamos debatir si deberían ser vendidas en pedazos a verdaderos propietarios privados sin respaldo gubernamental o si deberían convertírselas en agencias gubernamentales.

Hasta el momento, son demasiado grandes para fallar pero también demasiado costosas para mantenerse a flote.

Publicado originalmente en El Cato (EEUU)