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Durante tres jornadas, destacados científicos y analistas de prestigio internacional, tales como Richard Lindzen, William Gray, Willie Soon, Roy Spencer o Joseph Shaviv, explicaron los mitos del calentamiento global catastrófico y del fracasado Protocolo de Kyoto.

El evento contó con la participación de Gabriel Calzada y Francisco Capella, presidente y director del área de ciencia y ética del Instituto Juan de Mariana, respectivamente. Durante su presentación (ver archivo adjunto), Calzada expuso el caso español como ejemplo del estrepitoso fracaso de Kyoto y la política climática europea, en comparación, incluso, con la de Estados Unidos. Su intervención ha obtenido gran repercusión internacional. Su análisis sobre el fiasco que ha representado el intento de cumplir con Kyoto, junto al del coste de las energías renovables en España, ha recabado la atención de destacados medios de América, Europa y Oceanía.

Sus conclusiones sobre el caso español en la lucha contra el supuesto cambio climático muestran el riesgo de la puesta en marcha de este tipo de políticas en otros países. Según explicó, Kyoto y las políticas climáticas dirigidas a intentar cumplirlo tienen un coste de decenas de miles de millones en España y un beneficio climático casi inexistente. Por otro lado, “el milagro renovable español se produjo a costa de ayudas públicas debido a la ineficiencia de estas tecnologías, produciendo, además, una burbuja artificial e insostenible”, explicó Calzada. “Se trató de un proceso de redistribución masivo por el que unos pocos lograron gigantescas sumas de dinero y rentabilidades de entre el 12% y el 20% anual a costa de la clase media y baja española”. Además, “el sector solar y eólico creó empleos subprime en España. Unos puestos de trabajo inviables que han costado más empleos de los que ha creado”, indicó.

“Con los subsidios otorgados a las ineficientes energías renovables por cada trabajo creado podríamos contratar trabajadores que no produjeran nada y pagarles un sueldo superior al salario mínimo durante más de 60 años”, incidió durante su participación en el Congreso. El problema es que esas gigantescas sumas de dinero público, “enterradas en el intento de generar empleos verdes, han salido del consumidor final o de otros sectores de la economía en los que se destruían empleos”.

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