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El gobierno estadounidense está buscando fórmulas para obligar a compañías como Facebook, BlackBerry, Skype y todos los “servicios que permitan comunicaciones” (mail, mensajes, voz o lo que sea) a tener copias de las conversaciones, que estén disponibles para las autoridades federales en caso de que éstas las soliciten.

La normativa permitiría además interceptar y descifrar mensajes encriptados, que deberían ser entregados al gobierno estadounidense en caso de que éste lo requiera.

El gobierno argumenta que los terroristas y criminales están usando Internet en lugar de las redes de telecomunicaciones tradicionales para comunicarse, y que por eso los agentes necesitan tener acceso a sus comunicaciones a través de esta vía, tal como la tienen por teléfono.

“Estamos hablando de interceptar con autorización legal. No estamos hablando de expandir la autoridad, sino de preservar nuestra habilidad de ejecutar nuestra autoridad existente para proteger la seguridad del público y la seguridad nacional”, afirmó Valerie E. Caproni, consejera general del FBI.

En Estados Unidos, desde 1994 existe una ley (la Communications Assistance to Law Enforcement Act), que apuntaba a mantener intactas las capacidades de supervigilancia del gobierno en el cambio de los sistemas de teléfono sobre cables de cobre a las redes digitales y de celulares.

Bajo esta ley, los investigadores pueden interceptar comunicaciones desde las compañías de telefonía y de banda ancha, pero no de otros servicios de comunicaciones que funcionan sobre internet.

Por supuesto, todo esto va groseramente en contra de la privacidad de las personas, y peor aún, el gobierno estadounidense pretende aplicar el sistema fuera de sus fronteras (en el caso de BlackBerry, por ejemplo, que opera desde Canadá).

Sin embargo, lo más probable es que no sea la privacidad la que detenga este proyecto, sino problemas técnicos: muchos servicios encriptan mensajes entre los usuarios, de manera que el propio proveedor del servicio no puede descifrarlo. Además, todos los sistemas que usan P2P tendrían que ser rediseñados de manera que el FBI pudiera meterse entremedio para interceptar mensajes.

Crear sistemas especiales para vigilar las comunicaciones sería increíblemente caro para las compañías, además de dejar abierta la posibilidad de crear vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por hackers para obtener toda clase de información privada, lo que terminaría haciendo al asunto más inseguro de lo que el gobierno quiere.

Noticia publicada en Fayer Wayer (Chile)