Yachay: El ‘Silicon Valley’ ecuatoriano que se convirtió en ruinas millonarias

Yachay, el ambicioso sueño de convertir a Ecuador en un referente de innovación científica, se ha convertido en una dolorosa lección de promesas incumplidas y recursos malgastados.

Lanzado en 2014 durante el gobierno de Rafael Correa como la “Ciudad del Conocimiento” o el “Silicon Valley ecuatoriano”, el proyecto prometía transformar Urcuquí, en Imbabura, en un polo de tecnología con una universidad de élite, laboratorios avanzados, residencias para miles de estudiantes y un parque industrial. Sin embargo, más de once años después, en 2026, lo que queda es un paisaje de ruinas modernas: edificios abandonados, estructuras con graves fallas y una universidad que sobrevive a duras penas entre deudas y limitaciones.

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¡Yachay se cae a pedazos! La universidad del conocimiento no se terminó de construir y se convirtió en una ciudad con edificios abandonados y en mal estado.
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El megaproyecto costó al país más de US$1.000 millones en créditos chinos gestionados directamente por el expresidente Correa. Gran parte de las obras se adjudicaron bajo régimen especial a empresas chinas como Gezhouba Group Company (que captó alrededor de US$367 millones) y CEIEC, sin licitaciones competitivas. De estos fondos, solo una fracción se tradujo en resultados concretos. La Universidad Yachay Tech, inaugurada con 187 estudiantes, opera hoy con unos 2.000 alumnos, pero enfrenta serias restricciones: de los 18 laboratorios planificados, solo funcionan tres; un supercomputador de US$6,25 millones nunca se puso en marcha, y una subestación eléctrica de 25 megavatios quedó a medias pese a haberse gastado más de US$2,5 millones en ella.

Lo más preocupante son las construcciones fallidas. Cinco edificios emblemáticos del campus, destinados a institutos tecnológicos y aulas, presentan fallas estructurales graves: columnas insuficientes, losas que se hunden o deflexionan, falta de acero adecuado y violaciones a normas técnicas. Informes de la Contraloría General del Estado y consultorías externas detectaron que se construyeron sin planos completos, permisos adecuados o estudios previos sólidos. Algunos expertos recomendaron incluso demolerlos, ya que repararlos costaría casi lo mismo que edificar de nuevo. Estas obras, paralizadas desde 2015, incluyen un contrato de US$44 millones con el consorcio Conecuakor, pero siguen inconclusas, con columnas agrietadas y losas irregulares que sostienen estructuras inseguras.

La Contraloría ha emitido 83 glosas por irregularidades en la ejecución, con glosas confirmadas que superan los US$74 millones (y aún faltan auditorías). Se han identificado al menos 14 informes con indicios de responsabilidad penal desde 2018, incluyendo perjuicios de hasta US$31 millones por ignorar alertas y cambiar diseños sin justificación. Aunque no se vincula directamente a escándalos como Odebrecht, el patrón de contratos directos, incumplimientos y opacidad apunta a posibles actos de corrupción, despilfarro e impunidad. Exfuncionarios de Yachay EP (la empresa pública encargada) enfrentan glosas millonarias, pero la justicia avanza lentamente.

Hoy, la universidad resiste con un presupuesto anual promedio de unos US$13 millones, pero el proyecto mayor está en liquidación opaca desde 2023, con deudas pendientes, terrenos sin escrituras claras y pasivos acumulados. Cambios políticos, como la absorción de la Senescyt por el Ministerio de Educación bajo la presidencia de Daniel Noboa, generan más incertidumbre. Mientras tanto, miles de hectáreas expropiadas permanecen abandonadas, y comunidades locales reclaman empleos perdidos.

Este caso duele porque representa una oportunidad perdida para la educación superior y la innovación en Ecuador. En lugar de un futuro brillante, Yachay nos deja un recordatorio amargo: cuando la planificación falla, la ambición se convierte en ruinas y el dinero público se evapora sin rendir cuentas claras. Es hora de exigir transparencia y soluciones reales para rescatar lo que aún puede salvarse.